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Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para explotaciones rurales afectadas por inundaciones en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La medida comprende el período entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2026 y alcanza a las explotaciones agropecuarias del partido de Nueve de Julio y a las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea.
La homologación nacional responde a una solicitud presentada por el Gobierno bonaerense mediante el Decreto 1270, que había declarado previamente la emergencia en las zonas afectadas por los anegamientos rurales.
La decisión del Poder Ejecutivo nacional se concretó casi dos meses después de la declaración provincial y apenas cinco días antes del vencimiento del período establecido por la administración de Axel Kicillof.
La resolución permite activar los mecanismos de asistencia previstos para situaciones de emergencia agropecuaria, entre ellos prórrogas impositivas y facilidades crediticias destinadas a los productores afectados.
En ese sentido, la normativa establece que las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los beneficios correspondientes.
Para acceder a estas herramientas, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires, que acredite que sus establecimientos se encuentran comprendidos dentro de las áreas declaradas en emergencia o desastre.
Asimismo, la reglamentación dispone que el Gobierno provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la información correspondiente a los productores alcanzados por la medida.
Con esta resolución, el Gobierno nacional convalida la emergencia declarada por la provincia y habilita la aplicación de los mecanismos de alivio fiscal y financiero previstos para las explotaciones afectadas por las inundaciones.